HAITI. LA DEMOCRACIA DESDE ABAJO.

Por Daniel Raventós · Julie Wark · · · ·(*)

 “La democracia funciona en Haití.” Brian Concannon (el autor de esta frase, p. 157), Mario Joseph, Fran Quigley, el autor de Cómo los Derechos Humanos pueden construir Haití. Activistas, abogados y la Campaña de base, junto con otros simpatizantes del Bufete de Abogados Internacional (BAI) y el Instituto de Boston por la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH), no albergan dudas al respecto: la democracia, ese tipo en concreto que los grandes medios de comunicación ignoran, minimizan o llaman “utópico”, funciona desde abajo. Este extraordinario libro trata sobre una lucha fuera de lo común por la justicia y la dignidad en un país extremadamente castigado, el único en el mundo en el que una revolución de esclavos conllevó la fundación de un Estado. El triunfo de la rebelión haitiana fue visto como un gran agravio por el sistema de los imperios, construido sobre la esclavitud, la colonización, el sometimiento y la desposesión. Esto explica, al menos parcialmente, por qué Haití se ha visto tan maltratado, como si de una venganza histórica se tratara. Brian Concannon (p. 149) lo resume así: “[…] Haití es un mal ejemplo de la brecha abierta entre lo que hacemos y lo que predicamos. En 1804, el problema era que Haití era verdaderamente libre… Nosotros (los EE.UU) no lo éramos, así que no podíamos aceptar que otro país estuviera efectivamente llevando adelante esos ideales.” Tras su captura, Toussaint L’Ouverture, previamente un esclavo y líder de la revuelta de 1791, proféticamente advirtió, “al derrocarme, solo han talado el tronco del árbol de la libertad negra en Saint Domingue [Haití]. Volverá a crecer desde sus raíces, porque son muchas y profundas”. La larga historia del castigo sobre Haití sugiere que los que pretenden subyugar el país todavía no han aprendido la lección de que la gente que mejor comprende la justicia son aquellos a quienes se les ha negado. Estas son las personas que nunca han dejado de luchar por la democracia y la justicia en Haití. La violenta historia moderna de Haití ofrece una idea de dónde proviene este profundo anhelo. La explotación de la isla de Ayiti, rebautizada como La Española por Colón, empezó con el exterminio del pueblo indígena taíno, los cuales fueron forzados a construir fuertes españoles y a dejarse la piel en los campos de la caña de azúcar. Hacia mediados del siglo XVII, Francia había colonizado el tercio oeste de la isla, bautizándolo con el nombre de Saint-Domingue, y llevó esclavos desde África con el fin de reemplazar la ya entonces extinta “fuerza de trabajo” autóctono. Haití se convirtió en la colonia más rica de las Américas y en enclave crucial de la producción de azúcar en el Caribe. A finales de 1780, se importaron alrededor de 40.000 esclavos al año, con lo que aproximadamente 500.000 esclavos trabajaban en 8.000 plantaciones, cruelmente sometidos por una población blanca de unos 32.000.

Después de que Haití consiguiera su independencia de Francia en 1804, los Estados Unidos, con su propia población esclava de unos cuatro millones, rechazó reconocer el país hasta 1862. Estados Unidos y Francia impusieron un severo embargo económico, el último de ellos forzó a Haití a pagar una indemnización por los esclavos liberados lo que, sumados los intereses de los préstamos realizados por los bancos estadounidenses y franceses, llegó a un total de más de 20 mil millones de dólares. Desde 1915 hasta 1934, los EE.UU ocuparon Haití, desviando hacia sí más miles de millones en derechos aduaneros e impuestos, tras lo que EE.UU puso a los dictadores “Papa Doc” y “Baby Doc”, que dirigieron el país, acabando de pulir lo que quedaba en las arcas, aumentando la deuda, y encarcelando, torturando y matando a los que protestaban.  Fue entonces cuando el FMI y el Banco Mundial obligaron a Haití a abrir sus mercados. El país, autosuficiente en arroz y en azúcar, se vio obligado a importar azúcar y arroz subvencionado y más barato de los EE.UU, lo que acabó por destruir la economía rural. En 2004, los EE.UU anularon la democracia al apoyar el golpe de Estado contra el presidente electo Arístide. A día de hoy, Haití se encuentra en el número 1 de la lista en cantidad de millonarios per capita en las Américas, mientras que también acoge a las personas más pobres de la región, un 76% de los cuales viven con menos de 2 dólares al día. El corolario político de todo esto es que el país ha sufrido 32 golpes de Estado, además de una casi constante dominación militar sobre los civiles (tan propensos a reivindicar sus derechos). 

Todo ello preparó el terreno para la atroz devastación por el terremoto de enero del 2010 (más de 200.000 muertos, 300.000 heridas y dos millones sin techo), lo que confirma la regla de que los desastres “naturales” golpean a los más pobres. La mayoría de las muertes se produjeron a raíz del desmoronamiento de las casuchas construidas en laderas empinadas y sobrepobladas. Alrededor del 86% de los dos millones de hogares destruidos en el terremoto habían sido construidas entre 1990 y 2010 por personas desplazadas de las zonas rurales (p. 98). La lección crucial no sólo para Haití, sino para todo aquel que se interese por los estragos humanos de los desastres “naturales”, tal y como afirma el abogado haitiano Mario Joseph, director de BAI, es que: […] han muerto demasiadas personas en este terremoto. Y eso es porque nosotros, en Haití, no tenemos ningún respeto por el imperio de la ley” (p. 3). Se trata de un problema sistémico. Los peligrosos tugurios fueron construidos ilegalmente, en un momento en que las personas desheredadas, provenientes de las zonas rurales se trasladaron a Port-au-Prince. Ahora, los intentos de reconstrucción se ven frustrados porque es del todo imposible probar la titularidad legal de la tierra. Con la irrupción del cólera tras el terremoto, los haitianos más pobres carecen de acceso a los derechos de vivienda, alimentación o salud, codificados en los artículos 22 y 23 de su Constitución. Los más básicos derechos de la población de Haití, incluyendo el derecho a la existencia, se ven amenazados en tanto no rija el imperio de la ley.

Una aproximación basada en los derechos y fundamentada en principios legales guía el altamente eficaz trabajo que la organización haitiana Bureau des Avocats Internationaux está haciendo a día de hoy, conjuntamente con su socio en EE.UU, el Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH) con el fin de conseguir justicia para la gente de Haití. Mario Joseph and Brian Concannon son auténticos héroes tanto por su coraje físico y moral como por su innegociable y dura tarea a la hora de llevar sus principios a la práctica. No obstante, tal y como los dos han reconocido claramente en múltiples ocasiones, no han trabajado solos. Su lucha empezó en las calles de Haití, apuntalada por la historia de activismo de base de su país, que se remonta a la rebelión de los esclavos.

Preservar los derechos necesita garantías políticas en la forma de instituciones fuertes y justas, pero “el Estado se encuentra ausente en sus funciones” (p. 87). Este es el problema más grave de Haití, el que Joseph y Concannon han abordado, empezando por un “arranque del sistema judicial” (p. 75). En el 2000, ganaron un caso que sentó precedente, en el que 53 soldados fueron condenados por tomar parte en una masacre en 1994 en Raboteau, un barrio de chabolas, siempre prodemocrático. Con muy pocas esperanzas en la capacidad y en la voluntad del gobierno de llevar a los asesinos ante la justicia (sin mencionar que el uso del francés en los procedimientos legales significa que solo el 10 por ciento de la población puede entenderlos, si es que en algún momento tienen acceso a un tribunal), la gente tendía a recurrir a la violencia colectiva. Sin embargo, esta vez, los dos abogados aprovecharon una laguna legislativa en el procedimiento francés por la que las víctimas de un crimen pueden tener estatus legal como parte civil durante el juicio. Con esto, la Asociación por las Víctimas de Raboteau pronto empezó a comprometerse con una defensa previa al juicio altamente efectiva, a pesar de todas las amenazas. Se manifestaron pidiendo a gritos arrestos y juicios, empezaron a una campaña de graffitis – Fok kriminel – yo jije (los criminales deben ser juzgados) – y llevaron a cabo arrestos ciudadanos de los agresores que eran reconocidos en la calle. La iniciativa legal alcanzó una dimensión internacional cuando la misión de la ONU/OEA en Haití reclutó a oficiales militares argentinos jubilados para analizar la cadena de mando haitiana y la responsabilidad por la masacre. Raboteau se convirtió en el primer juicio criminal en Haití en utilizar pruebas de ADN. Otra innovación fue el uso de documentación para apoyar a los testigos presenciales, a pesar de que la tradición oral también tiene que ser respetada en un país donde el porcentaje de analfabetismo se encuentra alrededor del 51,3%. El juicio, que tomó cuatro años de preparación, demostró que abogados con determinación podían llevar la justicia hasta la gente de a pie y fue, también, un proceso de empoderamiento para las víctimas de siempre en Haití. Fue “prácticamente una afirmación total de los Derechos Humanos y del imperio de la ley” (81).

Si se quiere conseguir justicia en Haití, el cambio social debe provenir de los de abajo. Las élites no van a construir sistemas legales para favorecer a los pobres (y limitar su propio poder). BAI e IJDH “ofrecen las plataformas sobre las que la mayoría perjudicada actúa” (p. 60), un proyecto de dos flancos en el que BAI ofrece un liderazgo legal indígena, y el IDJH, que trabaja desde Boston, contribuye con técnicas de recaudación de fondos, capacidad de cabildeo, acceso a los medios, así como experiencia legal y activista. La dimensión internacional es necesaria tanto por razones prácticas como simbólicas. Tal y como Mario Joseph afirma: “Algunas de las raíces de nuestra injusticia yacen bajo el suelo haitiano… pero muchas de las raíces de la injusticia haitiana se extienden hacia el norte, y nacen en lugares como Nueva York y Washington… Si las raíces de nuestra injusticia se extienden hasta los países poderosos, resulta esencial que la lucha por nuestra justicia también se extienda hasta allí” (p.73).

El acceso a agua limpia lleva siendo un problema básico desde hace tiempo en Haití. En 2001, el Banco Interamericano de Desarrollo prometió 146 millones de dólares en préstamos para agua e infraestructuras sanitarias, pero el presidente de los EE.UU George W. Bush, para castigar al presidente Jean-Bertrand Aristide por sus políticas sociales, bloqueó los fondos. También se frenaron los préstamos de la Unión Europea. De aquí, el gran fracaso institucional, tanto nacional como internacional, llevó hasta la epidemia del cólera que fue directamente causada por las fuerzas de paz de la ONU en la misión MINUSTAH, establecida en Haití después de obligar al presidente Aristide a abandonar el país.

La fuente de la contaminación del río Artibonite se descubrió a través del genotipo de un tipo de cólera (Vibrio cholera) introducido por los miembros nepalís de la misión. Los deplorables estándares de higiene, en los que las aguas residuales provenientes del campo de la ONU se vertían en el río más largo de Haití – sostén principal de la agricultura, fuente de agua potable y usada también para lavar-, hizo el resto. Hacia el 2013, el cólera había matado alrededor de 8.600 haitianos e infectaron a más de 684.000 (uno de cada quince).

No hay nada que pueda ofrecer una explicación satisfactoria por la presencia tan costosa de la misión “por preservar la paz” en Haití. No tiene nada que ver con la preservación de la paz, tal y como revelan los telegramas enviados por el embajador de los EE.UU en Haití, Janet Sanderson: “una marcha prematura de MINUSTAH dejaría al gobierno [haitiano]… vulnerable ante… los populistas rebeldes y las fuerzas políticas antieconomía de mercado” (p. 12). En estos términos MINUSTAH es entonces una fuerza ocupante, así que, claro, la ONU, mezclando “inmunidad” con impunidad, rechaza asumir cualquier culpa sobre la epidemia de cólera. Su personal jurídico cínicamente afirma que en Haití fueron “simultáneamente el agua y las deficiencias sanitarias e higiénicas” (en gran medida debido a la interferencia de los EE.UU para con los préstamos que habían de solucionarlas) las responsables (p.14).

Los haitianos no van a pagar los platos rotos. Miles de ciudadanos, todavía luchan por encajar los efectos físicos, económicos y emocionales del cólera y sus secuelas, se han manifestado alrededor de las bases de la ONU en el país, insistiendo en jistis ak reparasyon —justicia y reparación-. El 23 de octubre de este año, se dieron los argumentos orales en el caso Georges et al. vs. ONU et al. en el que los demandantes son ciudadanos de Haití y los acusados son la Misión de Estabilización de la ONU en Haití, la ONU y Ban Ki-moon. Los daños podrían llegar a sumar más de 30 mil millones de dólares. El fallo sigue pendiente.

Con muy pocos recursos, Joseph, Concannon y sus simpatizantes han atraído la atención hacia asuntos que van aún más lejos de las trágicas y terribles consecuencias de la epidemia de cólera y de la inmunidad/impunidad de la ONU. Los litigios son importantes, pero no el único componente del ejercicio de BAI y de IJDH en su amplia agenda, en defensa de los pobres y desposeídos. Trabajaban para conseguir la detención de Jean-Claude Duvalier por crímenes contra los Derechos Humanos, se comprometen con los programas de la comunidad para la prevención y responsabilidad en casos de violación, para elecciones libres y justas, para los derechos de vivienda y de los prisioneros, para la respuesta ante el desastre, para las personas desplazadas (1,3 millones en 2010) y para los derechos en las diásporas haitianas.

Tras el terremoto, la comunidad internacional donó 5,35 miles de millones de dólares en concepto de ayuda. Menos del 1% llegó al gobierno de Haití y casi la mitad, no llegó. Haití se convirtió en una “República de Oenegés”. La ayuda fue a parar a las compañías extranjeras que proveían con el 80% de los servicios básicos, convirtiendo a Haití en uno de los países más privatizados del mundo (p. 86).  Los contratistas militares privados, haciendo ostentación de sus rifles de asalto, también se quedaron con una parte de la ayuda para Haití. Las repercusiones antigobierno de todo ello llegan lejos, sobre todo debido al hecho de que las oenegés se han adueñado de los poderes de Estado sin tener la capacidad de lidiar con grandes problemas, como atender las emergencias a lo largo y ancho de la nación, la protección medioambiental y el tratamiento de las aguas residuales.

En septiembre del 2012, el enviado especial de la ONU informó de que solo se había desembolsado el 52,3% del dinero donado. Desembolsar no significa gastar, sino más bien que ese dinero desembolsado ha ido a la ONU, al Banco Mundial o al BID en maniobras opacas. La mayoría de los dólares usados para ayudar supuestamente a Haití fueron a parar a contratistas de Washington. En lugar de dar poder al gobierno haitiano con el fin de encauzar el alivio y la recuperación, el ejército estadounidense ocupó el país durante las primeras semanas tras el terremoto. La “ayuda” en forma de comida barata cultivada en EE.UU, una vez más, llenó los mercados de Haití, hundiendo a los granjeros locales que fueron a parar a chabolas que serán destruidas en el próximo terremoto. Construir un sistema de agua limpia, una manera lógica de empezar a “reconstruir mejor” costaría alrededor de 800 millones de dólares, lo mismo que el presupuesto anual de MINUSTAH.

Si los seres humanos tienen alguna demanda lícita de necesidad, tiene que tratarse de esa demanda elemental para la subsistencia así como una seguridad básica que permita la libertad y los derechos básicos que Henry Shue define como “… las mínimas, razonables demandas de cada uno sobre los demás […]”. Si estos derechos son razonables y se encuentran justificados, comprenden el deber de asegurar que cada uno de los seres humanos disfrute de los “derechos a esas cosas sin las cuales uno no puede disfrutar ninguno de los otros derechos”. Sin embargo, a pesar de que miles de billones de dólares se encuentran al alcance de cuestionables tentativas militares, no hay dinero para compensar a las víctimas de una negligencia criminal de la ONU.

¿Y qué si esta compensación fuera la restauración a los haitianos de “los derechos a esas cosas sin las que uno no puede disfrutar de ningún otro derecho”? Pagar una renta básica universal incondicional por encima de la línea de la pobreza sería una manera para que los llamados donantes parasen de comportarse como depredadores y respondieran a las “demandas razonables” de la gente de Haití. Una renta básica de, digamos, 5 euros al día para cada habitante sería el equivalente económico al “arranque” legal de Concannon, haciendo posible para la gente tenaz de Haití construir una economía desde la base con pequeños negocios; y para aquellos que tienen trabajo, liberarse del yugo de los negocios de explotadores extranjeros, donde muchos trabajadores ganan 1,3 dólares al día. Costaría alrededor de 19 miles de millones al año, aproximadamente el 0,63% de los estimados 3 mil billones dólares gastados por los EE.UU en la guerra de Irak. La “comunidad internacional” podría, en consecuencia, empezar con enmendar todos los males infligidos al país desde 1492. Sin embargo, los obstáculos para tal apuesta por la justicia son enormes, y más políticos que económicos. Esa es la razón por la que Mario Joseph, Brian Concannon, Fran Quigley y la gente de Haití, están luchando para que los sistemas legales defiendan los derechos de la gente de a pie, son tan importantes. Para cualquiera que quiera defender la justicia, en cualquier lugar del mundo, este libro resulta un vademécum de primera.

(*) Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro es ¿Qué es la Renta Básica? Preguntas (y respuestas) más frecuentes (El Viejo Topo, 2012). Julie Wark es autora del Manifiesto de derechos humanos (Barataria, 2011) y miembro del Consejo Editorial de sinpermiso.

Traducción para www.sinpermiso.info: Betsabé García Álvarez

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7501