IZQUIERDA REPUBLICANA XIX CONGRESO

 DOCUMENTO POLÍTICO DE IZQUIERDA REPUBLICANA APROBADO EN  EL XIX CONGRESO FEDERAL ORDINARIO DEL 7 DE FEBRERO  DE 2015

I.- CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA DE IZQUIERDAS  REPUBLICANA Y FEDERAL, PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA Y FRENAR A LAS OLIGARQUÍAS FINANCIERAS

Desde la aprobación en octubre de 2007 en su XVIII Congreso del documento político “Republicanos por la renovación y la unidad de la izquierda Por un nuevo radicalsocialismo” en el que se reivindicaba “la construcción de un nuevo sujeto político de la izquierda, conduciendo a una síntesis del radicalismo democrático y laico del republicanismo, con los ideales emancipadores socialistas y libertarios, con la hoy irrenunciable visión ecologista, con la siempre valida y urgente reivindicación del pacifismo, con la aportación de las luchas obreras y sindicales, con las reivindicaciones feministas, así como con las experiencias de los nuevos movimientos sociales alternativos”, Izquierda Republicana ha dado pasos importantes en tal sentido, con su reincorporación a Izquierda Unida y su activa participación en el proceso de refundación y en la actual convergencia.

Pero, en el contexto de la actual agresión salvaje del neoliberalismo a las derechos laborales y sociales, que está desmantelando el Estado social construido gracias a las luchas de trabajadores desde el final de la II Guerra Mundial y cuando los Estados están al servicio de los intereses de los bancos y de las élites empresariales y no de sus ciudadanos, lo conseguido no basta.

Izquierda Republicana tiene la firme voluntad de seguir participando activamente en la causa de la unidad y la renovación de la izquierda, en torno a un proyecto republicano, laico, socialista y federal, para superar el descrédito de la política existente entre muchos ciudadanos y recuperar a los más conscientes, muchos de ellos todavía lejos de nuestras filas, construyendo un bloque social y político unitario que pueda parar la actual ofensiva de la oligarquía financiera y de los tecnócratas de la troika contra los ciudadanos y la democracia.

Sin embargo, ante el actual auge de posiciones oportunistas o meramente electoralistas que practican una calculada ambigüedad en sus planteamientos con el fin de ocupar la “centralidad política” (sic), ese proyecto de unidad popular exige la presencia de una izquierda fuerte en lo ideológico, que se reclame inequívocamente heredera de la Ilustración y sus valores universales, laicos y de libre pensamiento.

Para construir la alternativa popular no cabe la indefinición, ni  la ausencia de compromiso con un programa emancipatorio y rupturista francamente expresado. La indefinición no busca la transformación de la sociedad, únicamente es un instrumento eficaz del  electoralismo, cuyo primer objetivo es ganar a toda costa y cualquier precio.

La izquierda no debe conformarse con la mera gestión de lo existente, no podemos contentarnos con que el hartazgo y  la indignación de los ciudadanos, la explotación y las desigualdades desemboquen simplemente en demandas de mayor eficacia o honradez o de mayor mérito y capacidad “dirigidas” por televisivos líderes, más o menos carismáticos y elocuentes.

Desde Rousseau sabemos que no es lo mismo la voluntad  de la mayoría que la voluntad general. La voluntad general procede de una deliberación reflexionada y republicana,  dirigida a un fin emancipador para todos, y no un añadido de intereses particulares que circunstancialmente confluyen en la mayoría resultante de elecciones. Hacer gravitar todo en el éxito en las elecciones es supeditar todo a aquella voluntad circunstancial de la mayoría, nosotros los republicanos de izquierdas preferimos construir una voluntad general, esto es, una “hegemonía popular” emancipatoria y revolucionaria.

En la construcción de esa hegemonía popular ha de ser fundamental la aportación de la tradición política en la que se sitúa Izquierda Republicana, una izquierda radicalmente democrática, pacifista y tolerante, libertaria y no dogmática, que reivindique la confluencia de la democracia económica y social y la aspiración radical a la libertad entendida como liberación de todos los seres humanos de cualquier forma de dominación o explotación.

Para ello, seguimos instando a la izquierda a una profunda reflexión para formular una propuesta de un nuevo "contrato social" con todos aquellos que no están dispuestos a renunciar al compromiso y la lucha, basado tres vías fundamentales:

1ª.- Defensa del Estado republicano y laico y de la democracia republicana.

Frente a las pretensiones de grupos privados, económicos y religiosos, de disputar al estado el monopolio de determinar el interés común, hoy más que nunca hay que reivindicar la supremacía del poder civil democráticamente elegido.

El Estado republicano debe ser un Estado social y políticamente orientado por objetivos cívico democráticos, que combata activamente la corrupción, que limite los derechos de propiedad privada sobre el capital o la tierra por su función social, que mantenga y profundice la universalidad y gratuidad de los servicios públicos educativos, sanitarios, culturales, financiados mediante un sistema tributario progresivo y redistributivo, que constitucionalice mecanismos institucionales y legales que aseguren la efectividad de los derechos sociales, que mantenga un sistema de protección social y garantice el derecho a la existencia mediante una renta básica de ciudadanía, que fuerce soluciones cooperativas por la vía institucional, que haga pedagogía política, fomente la ética y los valores cívicos y la honestidad como norma de conducta pública.

Asimismo, ningún sistema jurídico que busque salvaguardar la libertad de los ciudadanos a quienes va dirigido podrá sostenerse, por perfecto que se pretenda, sin una actitud comprometida de éstos en defensa de esa misma libertad, lo que significa ante todo una activa participación en los asuntos de las res publica, puesto que es la arena en la que se juegan las cartas institucionales que permiten el ejercicio de los derechos propios, ya que las instituciones jurídicas por si mismas difícilmente actuaran con eficacia sin el lubricante de una constante cooperación social.

Son necesarias iniciativas que, concediendo un papel activo al Estado, tratan de prevenir cualquier tentación de convertirlo en amenaza a la propia libertad de la Republica de ciudadanos. Se incluyen por ejemplo aquellas orientadas a asegurar cierto nivel básico de participación política, como el voto obligatorio, el servicio social obligatorio, la obligación de  tomar parte en ciertos debates, la difusión de practicas  deliberativas en áreas  hoy todavía poco permeables a la discusión publica y que bajo la excusa de ser “asuntos técnicos” dejan en manos de unos pocos las decisiones, consejos ciudadanos deliberantes, iniciativas de  presupuestos participativos, “cupos” obligatorios de representación de segmentos sociales habitualmente excluidos, propuestas destinadas a asegurar que los medios de comunicación incorporen sistemáticamente discusiones de interés colectivos, referenda, iniciativas populares,  mecanismos de rendición de cuentas y revocación de mandatos, etc.

2ª.- Economía política republicana.

El republicanismo gira en torno al autogobierno, individual y colectivo, tomando como premisa la autonomía personal. La libertad republicana es la ausencia de dominación, tanto en los ámbitos públicos como privados. Por consiguiente, para el republicanismo democrático igualitario, en el que el socialismo hunde sus raíces, las relaciones de dominación u opresión económica de unos ciudadanos sobre otros en función de la propiedad de los medios de producción es una situación limitativa de la libertad, en la que unos sólo pueden trabajar con el permiso de otros.

Hoy, en el capitalismo globalizado y neoliberal, la clase trabajadora, considerada como conjunto de trabajadores, más o menos especializados, con empleos estables y con vínculos e intereses comunes está en retroceso. Las poblaciones trabajadoras se han segmentado, cada vez es más amplio el estrato de trabajadores en la cuerda floja de los empleos más o menos precarios; cuando no en situación desesperada, que incluye a los working poors o asalariados con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, a los parados, a los jóvenes sin posibilidad de emancipación, a las mujeres que encabezan hogares monoparentales y a los inmigrantes, legales o ilegales.

No tener en cuenta esta situación, puede provocar una mayor brecha entre los sectores estables y los inestables de la población trabajadora, incrementando la burocratización de los sindicatos como meros defensores de derechos adquiridos de los trabajadores con empleo estable. Asimismo, podría contribuir a levantar barreras insalvables e innecesarias entre los segmentos de trabajadores fijos y los segmentos precarios de las poblaciones obreras, generando en los primeros la peligrosa impresión de que los segundos, y señaladamente los inmigrantes, son directamente responsables del deterioro de su situación.

El empleo estable ha dejado de ser así la garantía de los derechos sociales reconocidos en el Estado del bienestar. No basta, por tanto, que la izquierda y los sindicatos mantengan una posición "defensiva" destinada a preservar lo que se pueda del Estado social, o, incluso, recuperar lo que se ha perdido en los años de su desmantelamiento por el neoliberalismo.

Desde luego que sigue siendo imprescindible la necesaria lucha presente por la defensa de los indiscutibles logros morales y materiales (universalidad e incondicionalidad de las prestaciones sanitarias y educativas públicas, seguridad social, derechos laborales.) que el advenimiento del Estado social trajo consigo para los trabajadores. Pero si queremos que el nuevo “proletariado”, la amplia y nueva base social de excluidos, de precarios, de antiguos y nuevos desposeídos, de jóvenes y mujeres puedan romper con las situaciones de dominación provocadas por la implacable dinámica de la actual vida económica y social y tomar conciencia de su condición de ciudadanos, es necesario ir más allá.

Y es que la izquierda no pude resignarse a un capitalismo neoliberal, con mercados financieros internacionales sin regulación alguna, derechos sociales recortados, empleos precarios que amenaza con el cambio climático, la destrucción radical de la biodiversidad y del pluralismo cultural, la privatización de recursos naturales básicos como el agua, el crecimiento de imperios económicos incontrolables y la exclusión y el empobrecimiento de la mayoría de la población mundial.

La izquierda debe ofrecer una alternativa a este sistema que va camino de arrojarnos a todos a la barbarie. A esa alternativa seguimos llamándola socialismo para sintetizar las distintas corrientes emancipadoras que han llenado la historia social y política de los últimos ciento cincuenta años.

Creemos en un socialismo laico y republicano, en el radicalsocialismo, continuador de la idea de libertad del republicanismo democrático fraternal, esto es, aquella según la cual libertad es independencia respecto de la voluntad arbitraria de otro, ya sea el Estado o un particular, y que esa independencia se funda siempre en la posesión de bases materiales suficientes para asegurar la existencia social de todos los ciudadanos.

Desde esta perspectiva se proponen las siguientes medidas, que inexcusablemente han de contemplarse en una perspectiva europea:

Reconocimiento legal de la eficacia vinculante para poderes públicos y particulares de los derechos sociales, para que puedan ser invocados directamente ante los tribunales.

Implantación de mecanismos institucionales, como la Renta Básica Universal de Ciudadanía, que doten de seguridad material y económica a todos los ciudadanos, que erradiquen la pobreza, hagan reales las libertades formales y permitan a mujeres y hombres hacer frente eficazmente a situaciones de dominación en la sociedad política y civil.

Combatir la precariedad laboral, garantizar los derechos laborales y la negociación colectiva, con igualdad de salarios para hombres y mujeres.

Incrementar la cuantía del salario mínimo profesional y establecer salarios máximos en puestos de alta dirección y órganos de administración de grandes empresas.

Potenciar la economía social y nuevas formas de propiedad social-republicana.

Implantación por las entidades locales de formas de “empleo garantizado” en sectores de interés general.

Establecer el control republicano-democrático de las decisiones empresariales, con mecanismos de participación de los trabajadores a través de la cogestión y la autogestión.

Nacionalización de los bancos y de los sectores estratégicos.

Suprimir el secreto bancario y erradicar la evasión de capitales.

Regular los mercados financieros nacionales e internacionales, prohibiendo derivados financieros especulativos.

Democratizar el BCE y exigir a la Unión Europea que financie directamente a los Estados y a los programas de inversión pública.

Realizar auditorías sobre la deuda pública. Renegociar su devolución.

Frenar la oligopolización de los mercados con una legislación que erradique los monopolios y los paraísos fiscales.

Mantenimiento de la titularidad pública, así como la universalidad y gratuidad, de los servicios públicos educativos, sanitarios y culturales.

Desarrollar una decidida política de gasto público y de redistribución de la riqueza mediante un sistemas tributario progresivo cuya carga impositiva no recaiga exclusivamente en las rentas del trabajo, gravando adecuadamente las rentas de capital, con un impuesto a las grandes fortunas, incrementando el impuesto de sociedades para las grandes empresas, estableciendo un impuesto a las transacciones financieras y también un impuesto especial para los productos de lujo.

Denuncia de los Acuerdos con el Vaticano y supresión de los privilegios económicos y tributarios de la Iglesia católica

Planificación del desarrollo para que sea sostenible, preserve el medio ambiente y garantice el derecho de todos a disfrutar de los recursos naturales que forman el patrimonio común de la humanidad.

3ª.- Educación cívica y laica.

Obligar a las gentes a ser virtuosas es la peor de las tiranías, de ahí el afán republicano por confiar en las posibilidades didácticas de la democracia para habituar a la mayor parte posible de la ciudadanía a la practica de la participación política.

Es por ello que la democracia debe ser  escuela de civismo, como aprendizaje moral y cívico. No se trata solo de aprender a votar, a expresar opiniones divergentes, a tomarle las cuentas al gobierno, sino también de que participe en la enmienda permanente de la vida publica.

Debemos recuperar una parte de la tradición de la izquierda española que ha sido lamentablemente abandonada, y que no es otra que la gran labor pedagógica realizada desde casas del pueblo, clubes republicanos y ateneos populares que consiguieron crear una cultura libre y humanista frente al catolicismo dominante a principios del siglo XX. 

Por tanto, la educación para la ciudadanía ha de venir de la praxis democrática, pero también  la escuela ha de tener la función moralizadora de enseñar a elegir libremente y enseñar hábitos y sentimientos para evitar la manipulación. “La democracia es una operación activa de engrandecimiento y bienestar moral, la democracia que solo instituye los órganos políticos elementales como son los comicios, el parlamento, el jurado, no es más que democracia aparente. Si a quien se le da solo el voto, no se le da escuela, padece una estafa. La democracia es fundamentalmente un derivado de la cultura” (Manuel Azaña. Apelación a la República).

En este sentido, la escuela pública, universal y laica, que respete y promueva el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia, debe educar para conocer, o mejor para incitar conocer, para valorar y razonar. Una persona que es capaz de juzgar moral y estéticamente el mundo en el que vive es más probable que sienta la necesidad de comprometerse activamente en su mejora y a participar: en el sentido de tomar partido, ante las cuestiones públicas que consideramos importante mediante el voto, o ejerciendo su libertad de expresión o manifestación y tomar parte, en el sentido de implicarse cotidianamente en la vida democrática: para decidir, cooperar y deliberar como consumidores, como habitantes de una ciudad, como usuarios, como miembros de asociaciones, como trabajadores.

II.- LA REPUBLICA.  UNA PROPUESTA DE ACCIÓN POLÍTICA PARA LA IZQUIERDA. CIUDADANÍA REPUBLICANA Y PROCESO CONSTITUYENTE

En la situación actual de déficit democrático y crisis institucional en el Reino de España, coincidente con la crisis económica, que algunos definen como fin de régimen, Izquierda Republicana, junto a otros partidos y movimientos republicanos de izquierda, debe continuar su lucha por la reivindicación de la memoria republicana y antifascista y por la instauración de la III República.

República siempre se identificó en la historia española del siglo XIX y XX con izquierda y esta identificación tomó su carta de naturaleza mas patente en el momento de la  II República Española. Así permanece aún en la memoria del pueblo de izquierdas y es cada vez un sentir más extendido entre los ciudadanos.

Pero la República, o al menos la República de ciudadanos que las izquierdas propugnamos, está todavía muy lejos; fundamentalmente porque en el Reino de España no existe ciudadanía en sentido republicano, al igual que en el resto de las democracias liberales de nuestro entorno. El  pensamiento liberal parte de un concepto de libertad, garantizada formalmente por unos derechos y libertades individuales en los que el poder no puede interferir, esto es, el individuo y su forma de vida, fundamentalmente la propiedad, tiene que ser protegido frente a las intrusiones del poder estatal, mudando el ideal de la actividad desde la arena política al espacio económico del mercado, con una moral individualista en detrimento de lo público. Los ciudadanos actúan  entonces como “consumidores” pasivos y orientan sus votos atendiendo únicamente a las opciones que les  aseguren la defensa de sus intereses, escogiendo entre las distintas “ofertas” políticas de modo parecido a como escogen entre los distintos productos del mercado. Los ciudadanos agotan su actividad política en el acto de votar.

Es pues necesario crear ciudadanía republicana, objetivo al que se dirigen las propuestas contenidas en el apartado I de este documento, y no tomar atajos, como lo es proponer, sin más, un proceso constituyente sin promover, al mismo tiempo, la imprescindible hegemonía social, política y cultural para impulsarlo.

Así, incurriendo en un curioso fetichismo constitucional, se espera que la demanda de un proceso constituyente reproduzca, como en 1789 en Francia, el pistoletazo de una revolución, cuando no tenemos ni masas de sans culottes, ni abundan entre nosotros Robespierres o Marats que avalen esta expectativa. Desconocemos de donde proviene ese fetichismo constitucional que atribuye propiedades mágicamente democráticas, per se, a los procesos constituyentes, porque normalmente los mismos vienen a apaciguar y a fijar en una norma escrita las movilizaciones de las clases populares. Una Constitución, por definición, es la vuelta a la paz y al consenso.

Y la reforma de la Constitución, que también se demanda por otras voces, en el marco del mantenimiento de una  democracia liberal, es confirmar el  mantenimiento del derecho vigente como  obstáculo formidable para la reforma social, potenciado por el control férreo de un poder judicial independiente de la soberanía popular.  La reforma de un artículo o titulo de esa Constitución es el reconocimiento  implícito y  mantenimiento de su vigor.  La revolución republicana forzosamente creara su propia legalidad, rompiendo la existente. Pero  nunca se hará una revolución republicana por referéndum  ni por padres de la patria ilustrados reunidos en cámara – o camarilla.- constituyente.

Por el contrario, la democracia y la República son una dinámica, un movimiento político y no se quedan en pretender formalizaciones articuladas en lo jurídico. Comenzar a reivindicar república por el final, por el proceso constituyente o por la reforma de la Constitución, es querer hacer una revolución sin revolución y conformarnos con una República como una mera forma de Estado o de gobierno, como un conjunto de organismos burocráticos, en la que una vez elegidos los representantes, la  ciudadanía se abstiene de cualquier actividad política.

La Republica no podrá ser limitada ni gravitar en torno a una reivindicación de una forma de Estado, ni simplemente a una definición jurídica, ni al cambio del titulo segundo o de otros preceptos constitucionales. Es una simplificación limitar la política a lo jurídico. Es reducir el republicanismo en tanto que movimiento radical de emancipación y  de autogobierno, de democracia radical e igualdad material, a mera estructura técnica jurídica, a una organización de cosas y no a transformación de sociedades.

La República, por el contrario, ha de ser para la izquierda una vía para el vuelco de las condiciones de dominación, de explotación y de desigualdad, promovido por la necesaria la movilización social en las calles, en los centros de estudio y de trabajo protagonizada directamente por los propios ciudadanos.

En primer lugar porque  el  eje de lucha del republicanismo,  no sólo es la monarquía parlamentaria sino también el régimen político liberal capitalista en que se sustenta. No se puede socavar el capitalismo y construir Republica sin cuestionar las bases del sistema.

En segundo lugar porque Republica no esta sólo en la esfera de lo estatal o de lo público. Una propuesta radicalmente y genuinamente  republicana debe reivindicarse en todas las relaciones de lo colectivo donde se juega nuestro autogobierno: en toda asociación,  en  toda empresa, en toda casa.

Por ello, como primer paso para alcanzar la necesaria hegemonía social y cultural que pueda culminar en un proceso constituyente republicano es necesario la construcción de ese nuevo bloque político y social de la izquierda al que nos referíamos al principio de este documento, fruto de un proceso de profunda apertura de las estructuras y organizaciones políticas y sindicales para que se conviertan en instrumentos de representación efectiva de los ciudadanos y trabajadores.

Izquierda Republicana en su XIX Congreso manifiesta su firme propósito de seguir colaborando con el resto de fuerzas que integran Izquierda Unida y con los movimientos sociales en la consecución de esos objetivos.